El Ministerio de Transición Ecológica vuelve a dar pasos para avanzar en la creación de un mecanismo de pagos por capacidad que permita resolver el problema económico de las centrales de ciclo combinado de gas y, a la vez, contribuir a garantizar la seguridad de suministro.
Desde que en 2021, el Ministerio presentara un borrador de orden sobre la creación de este mercado, el Ejecutivo no había avanzado en esta línea que será clave para evitar el cierre de unas plantas de gas que estaban previstas para funcionar del orden de 5.500 horas y que en estos momentos apenas producen 1.500 horas, pero son básicas para garantizar el suministro.
Los gestores de redes europeos, de hecho, ya alertaron este mismo año que España podría tener problemas de suministro si, finalmente, se cerraban los cerca de 10.000 MW de centrales de gas que tenían pedido su cierre al Gobierno por falta de rentabilidad.
Según explica el Gobierno en la consulta pública que acaba de abrir, los mecanismos de capacidad se sitúan precisamente como la herramienta regulatoria idónea para lograr dicha seguridad de suministro en el corto, medio y largo plazo, incentivando el despliegue de tecnologías que aporten firmeza y flexibilidad al sistema como el almacenamiento o la respuesta de la demanda. La aprobación de este mecanismo requiere a la vez el cumplimiento previo de una serie de requisitos previstos en la normativa europea. Así, además de la ordinaria tramitación de ámbito interno, que dio comienzo con la Orden Ministerial por la que se aprueba un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular en 2021, se le suma ahora la necesidad de establecer otros requisitos previos como los valores de la denominada carga perdida y el estándar de fiabilidad.
El estándar de fiabilidad se encuentra regulado en el artículo 25 del Reglamento (UE) 2019/943, de 5 de junio de 2019, y se configura como un parámetro que deberá indicar "de forma transparente el nivel necesario de seguridad del suministro del Estado miembro". Dicho estándar se calculará usando al menos el valor de carga perdida y el coste de la entrada de nuevas empresas durante un horizonte temporal determinado.
Por su parte, el artículo 2 del Reglamento (UE) 2019/943, de 5 de junio de 2019, define el valor de carga perdida como la estimación en euros por MWh del precio máximo de la electricidad que los clientes están dispuestos a pagar para evitar una interrupción.
El artículo 11 del Reglamento (UE) 2019/943, de 5 de junio de 2019, establece que cuando se precise fijar un estándar de fiabilidad de conformidad con el artículo 25, la autoridad competente determinará una estimación única del valor de carga perdida para su territorio. Dicha estimación deberá ponerse a disposición del público.
La metodología para aprobar todos los parámetros anteriores se encuentra regulada por la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, por la que se establece la metodología para el cálculo del valor de carga perdida, el coste de nueva entrada y el estándar de fiabilidad.
En definitiva, la determinación y publicación de los parámetros anteriores resulta imprescindible para cumplir con las exigencias normativas de ámbito europeo que son requisito previo para el despliegue e implementación de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular.
El Ministerio de Transición Ecológica ya asegura en el Plan de Emergencia del sistema gasista que el papel de los ciclos combinados es básico para la garantía de suministro en España.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima también considera que no se deben cerrar ciclos combinados en los próximos años para poder hacer frente a la demanda, en un momento en el que el Gobierno espera cerrar la mitad del parque nuclear hasta 2030.